El juez pide al Supremo imputar a Rita Barberá por blanqueo

El juez pide al Supremo imputar a Rita Barberá por blanqueo

El titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, que investiga, en una pieza separada del ‘Caso Taula‘, un presunto delito de blanqueo de capitales en el seno del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Valencia, ha remitido al Tribunal Supremo la parte de la investigación que afecta a la ex alcaldesa Rita Barberá, aforada ante el Alto Tribunal por su condición actual de senadora.

Considera que las explicaciones de la senadora son insuficientes para excluir su implicación
El instructor incide en la relación entre la senadora y la imputada García Fuster

De esta manera, el juez pide que se le dé el mismo trato que al resto de los 47 personas imputadas en la causa, sin privilegios por su aforamiento. El magistrado considera que sería “incoherente” no elevar la exposición, pues Rita Barberá realizó el mismo donativo por el que están imputados y han sido interrogados todos los concejales, ex concejales, asesores y ex asesores del PP que dijeron sí al presunto blanqueo de hasta 50.000 euros de origen desconocido.

En esta pieza separada, con 47 personas imputadas más el PP, imputado como persona jurídica, se investigan las donaciones de 1.000 euros efectuadas por concejales y asesores, cantidad que presuntamente les era devuelta por el partido en dos billetes de 500 euros para blanquear dinero en efectivo de supuesta procedencia ilícita.

Señala el juez, no obstante, que ni las dos investigadas -imputadas según la terminología anterior a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal- que han reconocido que el dinero entregado les fue devuelto, ni los cuatro testigos que se negaron a hacer la aportación, han realizado una imputación concreta respecto a la participación de la ex alcaldesa de Valencia en los hechos objeto de investigación, según informa el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

En su escrito, sin embargo, el instructor detalla las sospechas que existen sobre las finanzas del PP e incide en la relación de la senadora con la persona que gestionaba las cuentas bancarias, la exsecretaria del Grupo Municipal, María del Carmen García-Fuster, también imputada en este procedimiento.

Silencio significativo y dinero opaco

El juez considera que la investigación sobre el supuesto dinero blanqueado, por la naturaleza opaca del mismo, es compleja. Sobre este extremo, explica que la “presunta naturaleza delictiva de comisiones o mordidas en el ámbito de la Concejalía de Cultura -dirigida por María José Alcón, una de las comisionistas y actual esposa de Alfonso Grau, el ex vicealcalde investigado por cohecho continuado- que se investigan en la pieza principal” “son muy anteriores en el tiempo”, pero considera “significativo” el silencio de García Fuster al ser interrogada sobre el origen de ese dinero.

Antes de elevar la causa al Supremo, el magistrado ofreció a Barberá declarar. La senadora presentó un escrito de alegaciones en el que reconoce la aportación del dinero para la campaña de las elecciones de 2015 en las que ella optaba a la Alcaldía, y niega el reintegro del mismo. Sus explicaciones, señala el instructor, son insuficientes para excluir su posible implicación en los hechos investigados.

El juez concluye su escrito dirigido al Tribunal Supremo dando cuenta del estado de la causa respecto al exconcejal Miquel Domínguez, que también habría efectuado la aportación de 1.000 euros. En la actualidad, Domínguez es diputado autonómico y, por tanto, está aforado ante la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV. Domínguez, como hiciera Barberá, ha rehusado la invitación para declarar voluntariamente pero ha presentado un escrito de alegaciones.

Origen de los donativos

En cuanto al origen del supuesto dinero blanqueado, el juez traslada que la investigación es “más compleja, por la propia naturaleza, opaca, de ese dinero presuntamente aflorado”. “Ciertamente, la presunta naturaleza delictiva de comisiones o mordidas en el ámbito de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Valencia que se investigan en la causa principal son muy anteriores en el tiempo” recuerda el juez. A pesar de ello, continúa, “del examen de la cuenta bancaria investigada del Banco de Sabadell, según la libreta de anotaciones que llevaba personalmente la investigada María del Carmen García-Fuster, se evidencia, ya desde el año de 2001, la existencia de determinados ingresos en efectivo que anotaba como “C GP” y “CyA” por importe que en conjunto superan los 200.000 euros”, y respecto de los cuales la investigada en su declaración sólo aclaró que esa anotación se corresponde a “colaboradores y allegados” no queriendo desvelar “ni el origen concreto de ese dinero ni la identidad de la persona que se lo hacía llegar” insiste el instructor, el magistrado Víctor Gómez.

Ese dato es significativo en la medida en que, de esos ingresos, en el año 2003 se recogen cinco de 11.000 euros de enero a mayo. Y de noviembre de 2010 a mayo de 2011 cuatro de 29.000 euros y uno de 28.500. Ambos años eran años de convocatoria de elecciones municipales y autonómicas en mayo. Este tipo de apuntes en la cuenta ya no se recogen en el año 2015. Por ello la Fiscalía Anticorrupción de Valencia ve un posible delito electoral.

La incoherencia de no citar a Barberá

Según el auto enviado al Supremo, al que ha tenido acceso este periódico, “Rita Barberá fue una más de las personas que reconocidamente efectuaron la aportación de 1.000 euros. Resultaría incoherente la llamada del resto de los aportantes en estas actuaciones como investigados y no llevar a cabo la presente exposición respecto de la senadora aforada”.

Además, considera que Barberá “ostentaba una efectiva posición como superiora jerárquica de la principal investigada, María del Carmen García-Fuster, tanto por ser alcaldesa de Valencia en la fecha de los hechos investigados, como por ser la máxima responsable del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Valencia, existiendo, además, una relación personal de estrecha confianza entre la aforada y la principal investigada, que desempeñaba las mismas funciones y atribuciones dentro del grupo desde el año 1991 en que fue designada por aquélla”.

“A juicio de este instructor -añade el juez- las alegaciones efectuadas por la aforada, no introducen en su relato hechos que, en relación y contraste con el resultado de lo instruido, permitan atribuir a los mismos una relevancia excluyente de su posible implicación, a los efectos de elevar al Tribunal Supremo esta exposición”.

La conversación

Los dirigentes investigados en el marco de la Operación Taula, el caso que ha permitido desmantelar la “organización criminal” del PP valenciano, utilizaron sus teléfonos para quejarse de las falsas donaciones de 1.000 euros que les pidió el grupo municipal popular del Ayuntamiento de Valencia para financiar la última campaña electoral de Rita Barberá. La Guardia Civil interceptó el 15 de abril de 2015, a las 21:30 horas, una conversación entre María José Alcón -actual esposa del ex vicealcalde de Valencia Alfonso Grau, detenido en otro caso de corrupción y uno de los acusados en Nóos- y su hijo, Vicente Burgos Alcón, en la que le traslada cómo una de las personas de la máxima confianza de Barberá, la secretaria de grupo Mari Carmen García Fuster, le pidió que ingresara en la cuenta 1.000 euros que les devolverían en dos billetes de 500.”Han hecho una trampa en el partido, que me han dado 1.000 euros en dos billetes de 500, dinero negro (…) Y yo les tenía que hacer una transferencia legal de mi cuenta, o sea, para blanquear dinero vamos, corrupción política total, pero bueno”. Alcón es la ex concejal de Cultura del Ayuntamiento a la que Marcos Benavent, el yonki del dinero, grabó durante años contando billetes procedentes de supuestas mordidas.

Delito electoral

Hasta el Supremo sólo llegarán los hechos que apuntan a Barberá mientras que el resto de investigación, en principio, se quedará en Valencia. La Fiscalía Anticorrupción investiga si el PP de Rita Barberá cometió un presunto delito electoral -el nombre jurídico que recibe la financiación ilegal de partidos- ante las sospechas que generó la declaración de Mari Carmen García Fuster ante el juez que investiga al PP por un presunto delito de blanqueo de capitales. Según confirmaron fuentes próximas al caso al diario EL MUNDO, la Fiscalía ve un posible delito electoral en las campañas de 2011 y 2015 tras analizar los últimos interrogatorios y estudiar a fondo la denuncia que presentó el grupo municipal Compromís por estos hechos. Esta denuncia se dirige contra García Fuster porque era la representante del PP ante la Junta electoral y contra el partido como persona jurídica porque las transferencias anotadas por la cajera confirman que esta organización política conocía la existencia de las cuentas.

En dicho escrito la formación valencianista alerta que, de la documentación incluida en la ‘Operación Taula’, se desprende que «el grupo popular del Ayuntamiento de Valencia disponía de una o varias cuentas bancarias, diferentes de la que, por imperativo legal, debe abrirse con los únicos fines de recibir en la misma todos los fondos destinados a sufragar cada campaña electoral y pagar todos los gastos». Este dinero habría escapado de la supervisión del Tribunal de Cuentas «consiguiendo eludir el control de ingresos y gastos destinados a las campañas electorales, obteniendo una ventaja sobre el resto de candidaturas de manera contraria a la ley y evitando en todo caso una posible minoración de subvenciones en relación a los resultados obtenidos, que es una consecuencia posible de la detección de irregularidades por parte del Tribunal de Cuentas».

La investigación principal

La investigación por blanqueo de capitales en el Ayuntamiento de Valencia es una pieza separada del “Caso Taula”, en el que se investiga el amaño de contratos a cambio de comisiones ilegales en varias administraciones de la Comunidad Valenciana: Diputación (a través de la empresa Imelsa); Ayuntamiento (a través de la Concejalía de Cultura) y Generalitat (a través de la empresa Ciegsa). La causa, que nació en abril de 2015, está abierta por malversación, fraude en la contratación pública, cohecho, tráfico de influencias y blanqueo. El juez pide al Tribunal Supremo imputar a Rita Barberá sólo por el blanqueo del dinero de su última campaña.

El PPCV, atado de manos

Por su parte, nada más conocer la noticia el PP valenciano recordó que, ahora, es la dirección nacional la que debe de actuar pues es a quien compete pronunciarse sobre Barberá en su condición de senadora. En la sede valenciana de la calle Quart apuntan que ellos ya han llegado hasta donde podían exigiendo a los ediles que están en la misma situación que la alcaldesa que devuelvan el acta. El PPCV entiende que el escrito judicial puede dar una estocada definitiva al expediente informativo que hay abierto contra los imputados en el caso de blanqueo de capitales. La pelota está en el tejado de Génova.

 

Fuente: El Mundo

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